El pasado 6 de julio, el BOE publicaba la Ley 15/2010 de 5 de julio que a su vez modifica otra publicada en el año 2004, a través de la que quedó  incorporado  a nuestro derecho interno una directiva del Consejo Europeo del año 2000, en la que se establecían medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta ley tendrá su influencia seguro sobre la aplicación de proceso monitorio.
Lo que esta ley persigue es adaptar la materia que regula a los cambios sufridos en el entorno económico tanto en el ámbito de empresas como en el sector público. Estos dos ámbitos, privado y público, son tratados en esta normativa de forma diferenciada.
 
En esencia, a partir de 01.01.2013, se reducen los plazos máximos de pago derivados de la transmisión de bienes o de la prestación de servicios con un período transitorio hasta dicha fecha. En el sector privado el plazo máximo de pago será de 60 días y de 30 en el público, suprimiéndose la posibilidad de pactos entre las partes para alargar estos plazos.
 
Se refuerza igualmente el derecho a percibir indemnización por incumplimiento de plazos y se amplía la posibilidad de  denuncia por parte de asociaciones, federaciones, corporaciones de empresarios o profesionales, así como de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación y Colegios Profesionales, quienes jugarán un papel fundamental en la aplicación de esta normativa.
 
En difícil, por otra parte, pronosticar la efectividad que tendrá esta ley en el cumplimiento de los plazos de pago que en ella se establecen, fundamentalmente por parte de las Administraciones Públicas dado el paupérrimo estado en que se encuentran. Pero al menos queda abierta la posibilidad de indemnización por incumplimiento de plazos de pago.